Non hai lugar seguro ningún para os ambientalistas en Colombia

Cando, a semana pasada, o presidente de Colombia visitou Madrid e Compostela, líderes políticos (Pedro Sánchez, Pablo Casado, Núñez Feijóo), floreiros chineses (Felipe González, José Mª Aznar, Mariano Rajoy) e grandes empresarios, reuníronse con el e rivalizaron en adulacións ao visitante.

O pano de fondo foi o clásico “Todo vale para o negocio”, xa que o obxectivo da viaxe era atraer investimentos a un país que ten a meirande desigualdade social de toda América e no que as multinacionais españolas (Repsol, Naturgy, BBVA, Endesa, ACS, Banco Santander) ocupan posicións privilexiadas.

Mírase que, a eles todos, tanto lles ten o abraiante número de asasinatos, secuestros, “desaparicións”, torturas e detencións arbitrarias, cometidas ou permitidas polo goberno para reprimir as protestas sociais cotiáns, malia as denuncias da ONU, da Comisión Interamericana de DDHH e de tódalas demais organizacións defensoras da vida, presentes en Colombia.

Se cadra, foi á capacidade represora do presidente colombiano á que se referiu o Felipe VI cando, ao recibilo, lle dixo que “fixera de Colombia un referente en Iberoamérica“. Tamén debeu ser ese mesmo motivo, a que animou ao Pablo Casado a escribir (co seu modélico concepto da democracia): “é un pracer volverme atopar co presidente de Colombia, Iván Duque, para apoiar a súa defensa da liberdade contra as ditaduras en Latinoamérica”

De certo, a “liberdade” na que matinaba o Pablo Casado é a que teñen as multinacionais en Colombia, para faceren o que lles peta: botar das súas terras á poboación de aldeas enteiras, arrasar o medio ambiente, ou saquear a eito, xa que, como lembra o escrito de denuncia asinado por un grupo de libreiros españois nestes días, “o presidente colombiano é o maior garante dos intereses das multinacionais, que loitan por levarse os recursos naturais do país”

Colombia é o segundo país do mundo en biodiversidade, básica para a vida. Esta característica está a ser ameazada gravemente pola cobiza – cada vez máis agresiva – das multinacionais, tanto extractivas coma da agroindustria

A represión da resistencia campesiña fronte aos saqueos, inclúe o asasinato cotián de líderes sociais. De entre eles, o grupo dos defensores ambientais é o que está a sufrir o meirande número de vítimas (máis de 600 dende 2017), que continúa a medrar, de xeito que – nos dous últimos anos – Colombia pasou a ser o país do mundo co mais asasinatos de líderes ambientais, con moita diferenza respecto ao seguinte país.  Sobre esta traxedia, o xornalista Germán Gómez Polo, publicou un artigo en “Sputnik”, que reproducimos polo seu interese:

No hay lugar seguro para los ambientalistas en Colombia

Con 65 víctimas, Colombia fué – en 2020 -el país del mundo en el que se cometieron más asesinatos de líderes ambientales, según el informe de la ONG Global Witness. En diálogo con Sputnik, tres importantes activistas colombianos hacen un llamado por la vida y la protección de las comunidades ante estas escalofriantes cifras.

Ser activista ambiental en Colombia es una condena a muerte. Eso es lo que se evidencia en el más reciente informe de la ONG Global Witness, conocido el pasado 13 de septiembre, que reveló que en el año 2020 fueron asesinados 65 líderes ambientales en ese país latinoamericano, por lo que es el lugar del mundo donde más asesinatos se cometen contra quienes defienden el medioambiente. Colombia ocupa el deshonroso primer lugar por segundo año  consecutivo.

“Hay un récord en 2020 de 199 asesinatos de líderes sociales, lo que muestra que la situación es muy grave y la respuesta gubernamental no está a la altura de las circunstancias”, dice Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, del que el informe de Global Witness tomó algunas informaciones

El informe, además, detalla que una tercera parte de los ataques que sufrieron los activistas ambientales en Colombia, fueron dirigidos contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad de las víctimas fueron pequeños agricultores. También hubo ataques a guardabosques.

A “garda indíxena”, formada por homes e mulleres, é a autoorganización dos pobos orixinarios de Colombia, para tentar defender os seus territorios dos ataques de grupos criminais. A súa única arma é o bastón

“Estos asesinatos, tuvieron lugar en un contexto amplio de ataques a defensores de derechos humanos y líderes sociales a lo largo del país, cuya violencia ha sido calificada como endémica por la ONU, a pesar de la esperanza que generó el Acuerdo de Paz de 2016”, señala el citado informe, que registró en todo el mundo un total de 277 ataques letales a los activistas que defienden el medioambiente.

Estas impactantes cifras, se conocen casi un mes después de que la Defensoría del Pueblo de Colombia, una entidad encargada de la promoción y la protección de los derechos humanos, informara que en los primeros seis meses de 2021 se registraron 407 conductas violentas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, dentro de la que se incluyen atentados, amenazas y asesinatos.

“La respuesta gubernamental no está a la altura”

Sobre este asunto, tres notables líderes ambientales del país consultados por Sputnik, coincidieron en que, en general, faltan políticas contundentes para la defensa de la vida de los líderes sociales y de los activistas ambientales..

Para Lourdes Castro, existe todavía un negacionismo por parte de las autoridades. La situación de riesgo para los líderes sociales tiene una relación directa con la falta de implantación del Acuerdo de Paz, que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC en 2016.

En ese sentido, considera que, el informe de la ONG Global Witness, prende las alarmas en el ámbito internacional para que, al menos el próximo gobierno colombiano (cuya elección está prevista para el mes de mayo), tenga presente la necesidad de protección de las y los activistas ambientales.

Según Lourdes Castro, el asesinato de líderes ambientales, puede encontrar su explicación en la estigmatización que sufren las personas y organizaciones que defienden causas a favor del agua, la tierra o los bosques. “Se dice que vamos en contra del desarrollo del país y, bajo esa propaganda, se estigmatiza a las personas”, explica.

Un segundo elemento que destaca, es el alto nivel de impunidad en los crímenes, que alimenta los círculos de violencia porque no hay una adecuada investigación, con enjuiciamiento ni castigo para los autores materiales e instigadores de los asesinatos.

O río Magdalena, con 1.500 kms. de lonxitude, é o máis longo do país. O Goberno autorizou ás multinacionais a tentaren extraer petróleo no seu interior, mediante o procedemento de facer estoupar as rochas do fondo do río, o que está a provocar contaminación, ameazando a vida dos habitantes das súas beiras. Repsol é accidonista do Oleoducto Colombia, que vai dende o Magdalena até o mar Caribe.

Por su parte, Carlos Andrés Santiago, líder de la alianza Colombia libre de Fracking, dice que el informe de Global Witness es un fiel reflejo de la realidad que se vive en el país.

“Aquí, defender el agua puede costarle la vida a cualquier ciudadano que, por ejemplo, se oponga a un proyecto extractivo. Son personas que perdieron la vida por defender la naturaleza, haciendo algo que en cualquier país debería ser considerado de sentido común”, anota el líder ambiental.

Santiago narra que no son extrañas las amenazas a través de terceros, en las que se les recomienda que no sean “enemigos del desarrollo y del progreso”. “Hay intereses económicos y empresariales muy fuertes y creemos que están ligados a estas amenazas”, manifiesta el líder antifracking.

Este activista, es de los pocos líderes que cuenta con un equipo de seguridad, pero asegura que eso no es lo que sucede con la inmensa mayoría de llos líderes de defensa del medioambiente.

“En Colombia debería haber garantías para ejercer el activismo ambiental. Uno habla con activistas de otros lugares del mundo y les parece inconcebible que, por lo que ellos hacen en sus países, yo tenga en Colombia hombres armados cuidándome”, agrega.

“Somos incómodos”

Sobre el asunto también opinó Isabel Cristina Zuleta, integrante del Movimiento  Ríos Vivos y de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida, desde donde se ha hecho oposición al proyecto energético de Hidroituango, en el departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia.

O encoro Hidroituango, no río Cauca, é ó meirande de Colombia. Durante a súa construción – financiada polo BBVA – mais de 600 persoas da contorna, desapareceron pola acción criminal de paramilitares de extrema dereita. Varios milleiros tiveron que deixar as súas casas

“Los activistas ambientales somos incómodos porque denunciamos la arbitrariedad del Estado y las relaciones de este con los proyectos minero-energéticos, la agroindustria, la destrucción de los océanos, la destrucción de los ecosistemas y la extensión de la frontera agrícola que acaba con los bosques”, asegura Isabel C. Zuleta.

Para la activista, el Estado colombiano debe hacer énfasis en la protección de los ambientalistas, con los análisis específicos de los riesgos y con un enfoque de protección colectiva, más allá de la individual, porque detrás de cada activista hay comunidades enteras.

“Somos el único movimiento ambientalista de Colombia que obtuvo medidas de protección específicas, porque llevamos nuestra lucha al ámbito internacional. Cada vez que denunciábamos el avance de dicha obra nos asesinaban a un líder. Tuvimos que informar a nivel internacional para que se nos protegiera como colectivo”, concluye Zuleta. De hecho, la protección de los líderes ambientales se ha promovido principalmente desde iniciativas internacionales.

Ese es un deseo que tienen los activistas de Colombia, que esperan que las cifras de 2021 no superen las de 2020 y que el país deje de tener ese vergonzoso título que lo denomina como el lugar más peligroso del planeta para la protección de la naturaleza.

No hay lugar seguro para los ambientalistas en Colombia